Los hechos sucedieron en Cadereyta, Nuevo León
CADEREYTA, NL.- Gaceta de la Sierra Norte.- NSN.- Unoperativo masivo federal realizado en un sitio utilizado como almacenamiento irregular. El predio específico donde se encontró este millonario cargamento de huachicol se localiza sobre el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
El inmueble operaba de forma clandestina a las afueras de la cabecera municipal, justo sobre este libramiento estratégico, una vialidad de alta circulación muy cercana a la Refinería “Ing. Héctor R. Lécuona” de Pemex.
Su ubicación facilitaba la entrada y salida de camiones pesados sin levantar sospechas inmediatas sin embargo luego del resultado de labores de inteligencia militar previa los rastreos realizados por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo una orden de cateo judicial para intervenir la propiedad.
Una vez deentrio las autoridades logrron incautar aproximadamente 671 mil litros de combustible y 400 mil litros de un líquido con características similares, además de tractocamiones, autotanques, silos verticales y más de 400 cubitanques.
Cabe mencionar que apenas días antes de este golpe, el pasado 26 de mayo las autoridades federales registraron otro aseguramiento de gran magnitud en la comunidad de Tihuatlán, en el Estado de Veracruz, allí se logró decomisar más de 250 mil litros de huachicol en un inmueble acondicionado como megacentro de distribución clandestina. La intervención concluyó con la detención de 12 personas y el aseguramiento de varios camiones de carga y motobombas.
CAbne mencionar que la infraestructura encontrada en la zona de Cadereyta no era una toma clandestina común, sino un macrocentro de almacenamiento y distribución.
El lugar estaba acondicionado con silos de almacenamiento vertical, motobombas, montacargas, plantas de luz y más de 400 cubitanques listos para repartir el combustible robado que estaba aallí almacenado ya que el cargamento total decomisado por la Fiscalía General de la República (FGR) ascendió a más de un millón de litros, divididos en dos grandes grupos de sustancias que se encontraban listos para su distribución clandestina.
De estos 671 mil litros de hidrocarburo habría combustible procesado y refinado (presunto huachicol), listo para ser inyectado directamente en el mercado informal o venderse a camiones de carga.
Además 400 mil litros de un líquido negro y amarillo, una mezcla densa de compuestos químicos y derivados del petróleo mismos que las autoridades químicas federales mantienen esta sustancia bajo un riguroso análisis de laboratorio para determinar su composición exacta y verificar si era utilizada para rebajar o adulterar el combustible puro.
Dentro de las acciones de las Fuerzas Federales en el operativo en Cadereyta Jiménez se debió a un despliegue masivo y perfectamente coordinado entre distintas corporaciones de seguridad como :Inteligencia Militar de la Defensa.
El golpe comenzó con trabajos de seguimiento estratégico que permitieron geolocalizar este macrocentro de acopio, reuniendo las evidencias necesarias para que un juez autorizara el cateo.
En el despliegue de la Guardia Nacional: Junto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los agentes montaron un estricto cerco perimetral en todo el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez en el cual su objetivo principal fue blindar la periferia para neutralizar cualquier intento de reacción violenta o de fuga por parte de grupos delictivos locales.
Para el aseguramiento de la infraestructura, los agentes federales tomaron el control de toda la maquinaria pesada del lugar, la cual incluía silos verticales, tractocamiones, autotanques, sistemas de motobombas y plantas de luz portátiles.
La agencia del Ministerio Público Federal (MPF) mantiene la propiedad totalmente asegurada y bajo resguardo militar mientras se integra la carpeta de investigación contra quien resulte responsable, ya que el sitio fue abandonado justo antes del arribo de las tropas.
En el desglose técnico de la flota incautada por las autoridades en el macrocentro del Libramiento “Alfonso Martínez Domínguez”, así como el marco legal vigente respecto a las penas carcelarias por este delito en México, detallan el impacto del operativo.
Al tratarse de una red logística altamente equipada, la Fiscalía General de la República (FGR) inmovilizó equipo pesado especializado en transporte de químicos a gran escala: Tractocamiones: Unidades automotrices de alta potencia utilizadas para arrastrar los contenedores por las carreteras federales.
Autotanques y Remolques: Tanques tipo cisterna (pipas) adaptados estructuralmente para el traslado masivo de combustibles líquidos, Remolques tipo Dolly: Plataformas de acoplamiento empleadas para conectar dos tanques a un solo tractocamión (configuraciones de doble remolque o «full»).Frac Tanks: Tanques industriales móviles de almacenamiento masivo y temporal en sitio.
409 Cubitanques, que son unos contenedores portátiles intermedios (de aproximadamente 1,000 litros cada uno), diseñados para facilitar la distribución rápida en menores volúmene.
El decomiso también incluyó silos verticales fijos, motobombas industriales para succión rápida, montacargas para la estiba de contenedores y plantas generadoras de energía autónomas.
Las sanciones por el robo, almacenamiento y comercio ilegal de combustibles se rigen de manera estricta bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Al superar por mucho el umbral máximo contemplado por la ley (que penaliza severamente cantidades mayores a los 2,000 litros), los responsables de este predio se exponen a las siguientes consecuencias: Pena de prisión: La ley estipula penas drásticas de hasta 20 y 30 años de prisión para quienes resguarden, almacenen, transporten o distribuyan hidrocarburos de forma ilícita sin la autorización de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Reguladora de Energía.
Multas económicas: Sanciones que pueden ir desde las 20,000 hasta las 30,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), traduciéndose en penalizaciones millonarias.
Extinción de Dominio: El macrocentro ubicado en Cadereyta Jiménez está sujeto a un proceso donde el Estado mexicano puede retirar permanentemente los derechos de propiedad del terreno a sus dueños, pasando a ser un bien de la nación sin derecho a indemnización.
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