El hilo se rompe por lo más delgado: Policías…a la cárcel!

Observatorio Político
Por Maquiavelo

El contraste no podría ser más crudo y revelador.
Mientras hoy los exdirectores de Seguridad Pública de la Sierra Norte duermen en las celdas del Cereso de Huauchinango enfrentando cargos por delincuencia organizada y protección a narcolaboratorios, en los palacios municipales reina un silencio ensordecedor.
Simón Garrido Morgado en Tlaola, Omar Herrero Reyes en Tlapacoya y Fabio Becerra Méndez en Jopala siguen despachando en sus oficinas, amparados bajo el viejo escudo político; yo no sabía nada, pero, en realidad nadie sabía nada? No es que no les creamos, es que la burra de tanto ¡zape…! se volvió arisca.

En la arquitectura de la narcopolítica mexicana, los directores de seguridad municipal son el eslabón más débil, la pieza desprendible y desechable del tablero que funcionaría como un fusible, en cuanto la presión mediática o federal es demasiada, tal como como ocurrió tras el hallazgo del mega laboratorio de drogas sintéticas, se “funden”, son sacrificados y desechados para liberar la tensión.
Entregar a los policías presuntamente responsables permite pensar que en realidad se está combatiendo al crimen y de pasada blinda a los cerebros de la operación que podrían ser élites locales o de fuera de la entidad.

La narrativa institucional nos exige una ingenuidad monumental ya que nos pide creer que los directores de policía manipulaban corporaciones enteras, escoltaban cargamentos y cobraban sobornos en efectivo sin que sus jefes tuvieran la más mínima sospecha.

Pero esta turbiedad visual no se limita al ámbito municipal; escala hasta a los diversos estratos de gobierno porque ¿Cómo es posible que el Gobierno, con todo su aparato de inteligencia, el C5 y el control de las carreteras estatales, no tuviera conocimiento, o no viera, las toneladas de precursores químicos cruzando por los  caminos de la Sierra Norte?
Señalar exclusivamente a los policías de bajo rango es la salida fácil para lavar manos y ocultar una de dos realidades aterradoras: o existe una negligencia institucional absoluta, o hay un pacto de impunidad muy bien calculado desde las altas esferas.

La amenaza estatal de asumir el control de la seguridad en estos municipios se lee hoy más como un operativo de contención mediática que como una estrategia real de erradicación.

La verdadera prueba de fuego para la Fiscalía General del Estado no es el auto de formal prisión contra los policías; es la ruta del dinero.
 Mientras las carpetas de investigación no apunten hacia arriba a las cuentas bancarias, a los patrimonios injustificables y a las campañas políticas con las que llegan los alcaldes, el operativo quedará registrado como simple justicia cosmética.

El sistema nos ha vuelto a dar una lección de que el hilo siempre se romperá por lo más delgado. Los de abajo van a la cárcel; los de arriba, siguen tramando. Conste.

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