Explotan seis autotanques de huachigas, causan un gran incendio y daños que se están cuantificando

Traficaban huachigas
Esperan que en breve concluya el incendio cuando se consuma todo el combustible
Más de 24 hors dura ya el incendio del combustible
TEPEACA, Pue.- Gaceta de la Sierra Norte.- NSN.-
La explosión ocurrida el día de ayer jueves 4 de junio de 2026 en Tepeaca, en el centro de la entidad de Puebla, se originó en un predio que operaba de manera completamente ilegal, según se conoció de fuentes de vecinos a la zona y otras fuentes extraoficiales.
Aunque, posteriormente, dentro de las primeras investigaciones de Protección Civil del Estado de Puebla y de las autoridades locales confirmaron que el lugar funcionaba como una bodega clandestina para el almacenamiento y trasiego ilícito de gas LP, una actividad delictiva popularmente conocida como «huachigas».
El siniestro, según se conoció, se debió a la falla y posterior estallido de seis pipas (autotanques) cargadas con el combustible debido a la falta absoluta de medidas de seguridad y permisos en el inmueble, una fuga o mala manipulación del gas, lo que provocó las detonaciones en cadena.
El impacto generó una enorme bola de fuego y columnas de humo de más de 15 metros de altura, lo que pudo ser observado desde cualquier punto de la colonia San Juan Negrete, perteneciente al municipio de Tepeaca y sus aledaños.
De acuerdo con los reportes preliminares de personal del Gobierno del Estado, las tres personas lesionadas que fueron localizadas se trasladaron a hospitales de la región y posteriormente se manejó el saldo sin decesos.
EL estallido y posterior incendio provocó evacuaciones masivas en la zona aledaña y de manera preventiva se desalojó a más de dos mil personas.
Entre ellas se incluyeron pacientes del Hospital General de Tepeaca y la totalidad de estudiantes del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y de la Preparatoria BUAP.
El gobierno estatal solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para asegurar el inmueble, investigar a los dueños del predio y proceder penalmente por el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
El inmueble, no contaba con registros formales de operación, funcionaBA desde hace años como un punto de almacenamiento clandestino de hidrocarburos, donde se resguardaban pipas de gas LP y posiblemente otros combustibles como gasolina y diésel, bajo condiciones totalmente irregulares y sin medidas de seguridad, según señalan pobladores.
De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios de la comunidad, no se ha difundido públicamente el nombre o identidad de algún presunto responsable particular, ya que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) siguen bajo estricto secreto.
Sin embargo, de manera colectiva y visible, los vecinos de la colonia San Juan Negrete señalan como responsables a los propietarios del predio y a las redes locales de «huachigaseros» que han sido denunciadas públicamente en medios de comunicación, aunque no dijeron en cuáles. “Era un secreto a voces y todos sabían lo que pasaba ahí y nadie hizo nada», dijeron los vecinos.
Debido a la explosión y posterior conflagración hubo infinidad de daños materiales que están siendo reportados, ya que el estallido en cadena generó una onda expansiva que afectó gravemente el entorno inmediato a inmuebles y viviendas, varias casas aledañas sufrieron daños estructurales, vidrios rotos, desprendimiento de fachadas y afectaciones por la radiación del fuego.
Hubo además varios vehículos destruidos, para comenzar con las cuatro pipas que originaron el siniestro quedaron completamente calcinados y reducidos a chatarra.
De igual manera cultivos locales en terrenos de siembra circundantes sufrieron afectaciones severas debido al alcance de las llamas y los residuos del combustible, señalaron algunos medios de comunicación.
Aunque el gobernador Alejandro Armenta Mier se apersonó en la zona del desastre con el fin de observar y buscar coordinar la emergencia, nada ha dicho el Gobierno del Estado sobre algún programa oficial de apoyos para los afectados.

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