Habrá Policía Ambiental!

Habrá Policía Ambiental, igual a la Forestal de antaño

Por el Serrano
Fue el pasado miércoles 2 de Septiembre cuando los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, en una sesión virtual, aprobaron una iniciativa presentada en el mes de Julio pasado por un grupo de diputados que se denominan “G5” con el fin de crear una Policía Ambiental Preventiva en el Estado de Puebla.

La finalidad de este nuevo cuerpo policiaco es el de proteger y defender las áreas forestales protegidas, los bosques en general y los ecosistemas de la entidad poblana con el fin de evitar su acelerada destrucción y deterioro tal y como ha venido sucediendo en esta administración estatal.

En los últimos informes sobre la grave deforestación que encaran cerros y montañas de México, tan sólo en este año se ha perdido una cifra cercana a las 150 mil hectáreas de bosque, que es una cifra muy alta tomando en cuenta que en el periodo del 2010 al 2015 -cinco años- se registró una deforestación promedio de 91 mil 600 hectáreas anuales.

De allí que los legisladores del autodenominado G5, integrado por Uruviel González Vieyra  diputado del Partido Compromiso por Puebla (CP), Liliana Luna Aguirre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando García Avendaño del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri del Partido Movimiento Ciudadano (MC) los llevara en el mes de Julio pasado a presentar esta iniciativa recién aprobada.

Cabe mencionar que esta iniciativa se da luego de que en otros estados como en Coahuila, Morelia Michoacán y Guanajuato integraran a la Seguridad Pública elementos para cuidar y resguardar el medio ambiente y proteger las zonas boscosas.  

De allí que los legisladores poblanos, hoy, hicieran un exhorto a los 217 ayuntamientos del Estado de Puebla, para que, de conformidad con sus atribuciones y atendiendo su disponibilidad presupuestal, conformen una Policía Ambiental Preventiva dentro del cuerpo de seguridad pública municipal.

Habrá que ver cuál será la  respuesta de los municipios como Huauchinango, Ahuazotepec, Zacatlán Chignahuapan y el resto de ubicados en las zonas montañosas de la Sierra Norte de Puebla  donde los bosques de niebla, bosques mixtos de Pino y Encino,  están siendo depredados de manera feroz además de que en la Sierra Baja las especies maderables preciosas como el Cedro y la Caoba se encuentra en riesgo de extinción.

Durante el análisis y discusión del acuerdo, se puso de manifiesto que se pretende impulsar el cuidado del medio ambiente, reducir los ilícitos que afectan los recursos naturales, las áreas forestales, los ecosistemas, la fauna y el desarrollo integral del medio ambiente, de acuerdo a la posibilidad presupuestal de cada municipio, con la finalidad de prevenir el delito, dicen los diputados.

Todo esto debido, principalmente a la falta de recursos que el gobierno federal destina a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) que cuenta con tan solo 29 mil millones de pesos de presupuesto, “el más bajo del Sector de los últimos 13 años”, criticaron legisladores federales al dar posesión a la nueva titular del Ramo.

Cabe recordar que hace años existía en esta región serrana la policía forestal que encaraba serios enfrentamientos contra los talamontes hormiga y los aserraderos clandestinos llegando al grado de que algunos elementos de esa corporación fueran brutalmente asesinados a hachazos como sucediera en la zona de Venta Grande-Teopancingo, hace algunas décadas y otro elemento de la policía forestal que fue acuchillado en una pierna y en su camino al Hospital de Huauchinango murió desangrado.

Los legisladores lamentaron que, en los últimos años el tema del cuidado del medio ambiente observara una reducción de recursos para reforzar las acciones y frenar a los depredadores. Además de que hace falta vigilancia para regular las actividades, turísticas y recreativas en los parques forestales y zonas protegidas además de un respaldo jurídico a las acciones de prevención ante la falta de un reglamento o Ley que permita sancionar actividades como la tala clandestina, contaminación de mantos y ríos por descargas irregulares y daños a los ecosistemas y recursos naturales.