El INSABI existe sin reglas ni manuales
PUEBLA, Pue.-NSN.- Cuatro entidades estatales, la Ciudad de México, (CDMX), Puebla Veracruz y Chiapas, con gobiernos emanados de MORENA, presentan una gran opacidad en el uso de recursos del orden federal, tal es la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto luego que sus estudios del presupuesto determinaran que no comprobaron 12 mil 012.4 millones de pesos de recursos federales transferidos en 2019 a través del Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), afirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto se conoció tras los análisis realizados a los gastos del presupuesto federal de la Cuenta Pública 2019 correspondiente al primer año del gobierno de Miguel Barbosa en Puebla, Claudia Sheinbaum en la CDMX, Rutilio Escandón en Chiapas, y Cuitláhuac García en Veracruz-, en los cuales detectaron que sus gobiernos incurrieron en las más grandes irregularidades en el ejercicio de ambos fondos, lo que significa un probable quebranto millonario a las finanzas públicas y una afectación al derecho a la salud de la ciudadanía.
El Seguro Popular y el FASS han tenido el objetivo de dar cobertura de salud a la población sin seguridad social, y los recursos de ambos fondos federales deben destinarse a la adquisición de medicamentos e insumos médicos, la construcción y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria y la contratación de personal médico y administrativo.
La conclusión de la ASF fue dada a conocer tras la fiscalización que llevó a cabo, por separado, del gasto que hicieron las 32 entidades federativas de los recursos tanto del Seguro Popular como del FASS.
La ASF ‘jala las orejas’ al Insabi: ve falta de reglas y de entrega de recursos
En esta misma revisión a la Cuenta Pública de 2019, el órgano fiscalizador señala problemas en el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSAB) como carencia de reglas y manuales.
Exhibió las irregularidades que existen en el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que trabaja sin reglas de operación, pese a que estas ya debían estar establecidas, y también tiene pendiente transferir recursos a unidades médicas y prestadores de servicios médicos.
La ASF alertó que el Insabi, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud -conocida como Seguro Popular-, no acreditó los efectos de la aplicación de recursos para apoyar a beneficiarios que padecieron enfermedades con gastos catastróficos.
La ASF aclaró que el nuevo organismo de la Salud, el Insabi fue constituido apenas a inicios de 2020 y la Cuenta Pública es de 2019 —el primer año de gobierno completo del presidente Andrés Manuel López Obrador—, la ASF señaló que hasta agosto de 2020, cuando se realizó el análisis, aún no tenía reglas.
«A la fecha de la auditoría –agosto- el Insabi no cuenta con su Estructura Orgánica ni con sus manuales de Organización y Procedimientos; asimismo, las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB) se encuentran en proceso de la opinión favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la autorización del Comité Técnico del FSB, no obstante de que ya concluyó el plazo establecido para su emisión», señalaron.
La ASF detalló que falta la integración de los beneficiarios de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de «pagado» con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ya que sólo se proporcionó la base de datos de las 72 mil 297 intervenciones que fueron autorizadas para su financiamiento.
Otra irregularidad es que no se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración formalizado con la Fucam, AC, para la prestación de servicios médicos hospitalarios de intervenciones consideradas como gastos catastróficos.
Cabe mencionar que la Fucam es la fundación más importante en México que colabore a disminuir los índices de morbilidad en la investigación cáncer de mama atendiendo a la mayor cantidad de mujeres de la República Mexicana, así como en la formación académica de personal médico especializado.
Hasta agosto, el Insabi también tenía pendiente transferir a unidades médicas y prestadores de servicios médicos 324.7 millones de pesos correspondientes a 12 mil 726 casos de intervenciones, dentro de las cuales se encuentran 412 por 39 millones 383 mil500 pesos del Instituto Nacional de Pediatría y mil 713 por 124 millones 750 mil 100 pesos del prestador de servicios Fucam.
De igual manea la revisión de la ASF señala en específico seis irregularidades: El Insabi no cuenta con Estructura Orgánica ni con manuales de Organización y Procedimientos, asimismo las llamadas Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar están en proceso de opinión por parte de Hacienda y de autorización del Comité Técnico del fondo, aunque ya concluyó el plazo establecido para su emisión, no cuenta tampoco con la integración por beneficiario de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de «pagado», ya que solo se proporcionó la base de datos de las que fueron autorizadas de manera global para su liquidación.
En 10 oficios para realizar el trámite para la transferencia de recursos por concepto de intervenciones, no se incluyó el reporte emitido por una unidad médica en el que se detalle el periodo de validación, así como el número del acuerdo del Comité Técnico mediante el cual se autorizaron los recursos para las intervenciones con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
La Dirección General de Financiamiento (DGF) no utilizaba el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC) para el registro de las intervenciones por pagar y pagadas, por lo que no se contaba con la información.
De la revisión efectuada a una muestra de 201 expedientes clínicos pertenecientes a pacientes de una unidad médica y de un prestador de servicios médicos de la Ciudad de México, se determinaron deficiencias en su integración.
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